El reciente asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia en Mazatlán, Sinaloa, ha provocado una fuerte condena de colectivos y activistas, quienes califican el hecho como una bofetada a la seguridad nacional y una muestra del grave riesgo que enfrentan quienes buscan a sus familiares desaparecidos en México. El colectivo Harfuch denunció la ineficacia de las autoridades para proteger a las madres buscadoras y exigió resultados concretos en las investigaciones. Hasta el momento, la Fiscalía de Sinaloa no ha dado avances significativos sobre el caso, y organizaciones de derechos humanos insisten en que este crimen no debe quedar impune, pues representa un ataque directo a la lucha social y la búsqueda de justicia en el país.
Paralelamente, la investigación en torno a la denominada “narconómina” de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y revelada por EL UNIVERSAL, continúa avanzando. Autoridades federales han señalado que, hasta ahora, no existen funcionarios públicos ligados a las indagatorias, aunque la Fiscalía General de la República mantiene bajo reserva los nombres de policías y posibles servidores públicos que habrían recibido pagos de la organización criminal. El gobierno federal refuerza la línea de investigación sobre la infiltración del CJNG en corporaciones municipales y estatales, en un esfuerzo por desmantelar las redes de protección que permitieron la expansión del grupo delictivo en distintas regiones del país.
México se mantiene como uno de los países más peligrosos para el ejercicio periodístico, ubicándose en el tercer lugar mundial con más asesinatos de periodistas en 2025, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas. El organismo internacional acusó al Estado mexicano de fracasar en garantizar justicia para las víctimas y sus familias, señalando que la impunidad y la falta de protección efectiva han incrementado la vulnerabilidad de los comunicadores. Diversas organizaciones civiles han exigido la implementación de mecanismos más efectivos y la revisión de los protocolos de protección, mientras familiares de periodistas asesinados demandan investigaciones imparciales y castigo a los responsables.
En contraste con la violencia que aqueja a distintos sectores del país, EL UNIVERSAL fue galardonado con el Premio Rey de España por el reportaje “Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos”, una investigación que documenta la crisis humanitaria en la frontera entre México y Estados Unidos. El reconocimiento destaca el rigor periodístico y el enfoque humano del trabajo, en un contexto en el que los migrantes enfrentan condiciones cada vez más adversas. El reportaje ha sido aplaudido por organizaciones internacionales, que subrayan la importancia de visibilizar la tragedia de los migrantes y el papel fundamental de la prensa en la defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se deslindó públicamente de Pedro Segura Valladares, luego de que este emitió amenazas contra el periodista Carlos Loret de Mola. A través de un comunicado, el PVEM aseguró que Segura Valladares “no es ni ha sido militante del Partido Verde”, y rechazó cualquier vínculo con sus declaraciones. El tema ha reavivado el debate sobre la violencia y amenazas contra periodistas, así como la responsabilidad de los partidos políticos en garantizar un ambiente de respeto y seguridad para la prensa. Organizaciones civiles insisten en que las amenazas deben ser investigadas de oficio y sancionadas conforme a la ley para evitar la normalización de la violencia contra comunicadores.
