En un reciente operativo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha llevado a cabo la detención de Ricardo Thompson Navarro, quien es socio de la empresa Ingemar, debido a su supuesta participación en una red de tráfico de huachicol fiscal a gran escala. La aprehensión se realizó en el municipio de Ensenada, Baja California, donde agentes de la FGR, junto con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), llevaron a cabo la acción.
Según información del Registro Nacional de Detenciones, el empresario fue detenido poco después de las dos de la tarde, tiempo local. Posteriormente, fue trasladado a la delegación de la FGR en Tijuana, donde quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre su caso.
Ricardo Thompson Navarro enfrenta graves acusaciones por parte de la FGR, que lo señala por delitos relacionados con la delincuencia organizada y el contrabando. Estas acusaciones reflejan la creciente preocupación de las autoridades mexicanas por el tráfico de combustible y otros delitos fiscales que afectan la economía del país.
En medio de estos acontecimientos, el contexto político también se agita, con expresiones de figuras del Partido Acción Nacional (PAN) que reclaman un «piso parejo» para otros políticos implicados en situaciones legales, como el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. Estas declaraciones subrayan la demanda de un trato equitativo en la aplicación de la justicia entre los actores políticos de la región.
Este caso se suma a una serie de acciones del gobierno mexicano que buscan combatir la delincuencia organizada y el contrabando en el país. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar redes de tráfico que afectan la integridad económica y social, mientras se sigue de cerca el desarrollo de la situación jurídica de Thompson Navarro y su posible impacto en el panorama político local.
